El conflicto entre la empresa UTE Conservación 2022, los trabajadores y la Junta de Castilla y León sigue abierto; a pesar de que un juzgado haya dictaminado que los servicios mínimos impuestos por la administración en la primera convocatoria de huelga no estaban justificados. UGT ha planteado una reclamación de responsabilidad ante la Junta, mientras que la consejería de Movilidad ha vuelto a argumentar los mismos servicios mínimos del 100% de la plantilla a pesar de la resolución contraria.