26 de mayo de 2003: un avión Yak 42, subcontratado por el Ejército Español, se estrella en Turquía. Fallecen 62 militares españoles que regresaban de Afganistán. Sus familias creen que el aparato nunca debió despegar porque no era seguro. El siniestro conmociona a todo el país.

El juicio civil contra las tres empresas encargadas del vuelo se celebra dos años y medio después del siniestro. La sentencia fija una indemnización global de 10 millones de euros. Pero finalmente, la Audiencia de Zaragoza declara el procedimiento nulo ya que la sociedad que se encargó de la contratación de la aeronave, la inglesa Chapman, no asistió al juicio aludiendo que no había sido debidamente emplazada.

Este lunes 1 de febrero comienza el segundo juicio civil.

Pero la causa también ha sido juzgada por la vía penal. En mayo de 2009, la Audiencia Nacional condena al general Vicente Navarro, al comandante José Ramírez y al capitán Miguel Sáez a años de prisión por la identificación errónea de 30 de los cadáveres españoles.

La primera sesión apenas ha durado una hora. En la sala, numerosos familiares y amigos de los militares fallecidos.

Pero quien no ha comparecido es el representante de Chapman Freeborn, la compañía que contrató el vuelo y que tampoco lo hizo durante el primer juicio civil. Quien sí ha estado presente es su defensa, que ha rechazado la mayoría de las preguntas. Sí ha aportado el billete, que asegura, vincula a los fallecidos con el vuelo siniestrado. Una prueba que fue denegada durante el primer juicio porque según las acusaciones fue confeccionado con posterioridad.

Ante la titular del juzgado de instrucción número 2 han declarado dos testigos. Militares que viajaron en la ida del Yak-42. Ambos han asegurado que ningún mando militar dirigió su vuelo, y que nunca antes habían volado en una aeronave civil en una misión internacional del Ejército.

También han afirmado que desconocen quien planificó el vuelo.